ARTICLE 19 Brasil y América del Sur reconoce el resultado de las elecciones presidenciales de 2026 y reafirma la seguridad y la legitimidad del sistema electrónico de votación brasileño. Con una diferencia de más de 4 millones de votos, la soberanía popular es incuestionable.

La Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano abrió un procedimiento administrativo para investigar la actuación de Meta — responsable de plataformas y servicios digitales como Instagram, Facebook y WhatsApp — en casos de eliminación de contenido, suspensión de cuentas y reducción del alcance de publicaciones durante el período electoral de 2026. La medida fue adoptada tras una representación presentada por ARTÍCULO 19 Brasil y América del Sur, Conectas Derechos Humanos, Sleeping Giants Brasil y CTRL+Z. 

La decisión acoge la solicitud formulada por las organizaciones para que se investiguen denuncias de restricciones impuestas a usuarios, comunicadores, movimientos estudiantiles, organizaciones de la sociedad civil y colectivos sociales. Un relevamiento de CTRL+Z había reunido alrededor de 1.100 casos de supuestas irregularidades en la moderación de contenido realizada por las plataformas de la empresa. De ese total, 72 casos emblemáticos fueron seleccionados para integrar la denuncia presentada ante el MPF. Las fallas de la empresa también incluyen la falta de transparencia adecuada sobre los criterios adoptados y de garantías efectivas para impugnar las decisiones tomadas. 

Según la PFDC, la investigación buscará verificar si las medidas adoptadas por las empresas están en conformidad con los parámetros constitucionales de protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la participación política y el debido proceso, además de las obligaciones previstas en el Marco Civil de Internet y las determinaciones establecidas por el Supremo Tribunal Federal sobre los deberes de transparencia de las plataformas. 

En la decisión, la PFDC determinó el envío de un oficio a Meta para que la empresa presente aclaraciones sobre los criterios utilizados en los casos relatados, incluyendo información sobre el uso de sistemas automatizados de moderación, los mecanismos de revisión y recurso disponibles para los usuarios y los procedimientos internos orientados a la identificación y corrección de errores. 

La representación llama la atención sobre la posibilidad de una “falla sistémica a la inversa”. En la decisión del STF sobre la responsabilidad de las plataformas digitales por contenidos de terceros, la falla sistémica se refiere a la ausencia de medidas adecuadas para prevenir o remover contenidos ilícitos. En este caso, la preocupación es con el problema inverso: la adopción de medidas de moderación que, de forma sistemática, eliminen o restrinjan contenidos legítimos, comprometiendo la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación en el debate público. 

Las organizaciones resaltan que la representación no cuestiona la necesidad de moderación de contenido en las plataformas digitales. El objetivo es garantizar que decisiones capaces de restringir derechos fundamentales sean adoptadas con transparencia, fundamentación adecuada, proporcionalidad y mecanismos efectivos de impugnación. También busca verificar la existencia de eventuales fallas sistémicas que puedan haber llevado a la eliminación indebida de contenidos legítimos y de interés público. 

La apertura del procedimiento es un paso importante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas digitales. En un contexto en el que las redes sociales ejercen un papel central en el debate público y en la circulación de información, los mecanismos de supervisión y control son esenciales para asegurar que la gobernanza de las plataformas sea compatible con los derechos humanos y los principios democráticos. 

ARTÍCULO 19 Brasil y América del Sur seguirá acompañando los avances de la investigación y defendiendo mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y debido proceso que garanticen la protección de la libertad de expresión y del acceso a la información en el entorno digital. 

Entre el 23 y el 25 de septiembre, ARTÍCULO 19 realizará el Festival Compartilhe en el Hub Green Sampa — Centro de Innovación Verde Bruno Covas, en Pinheiros, São Paulo. El espacio está ubicado en Rua Sumidouro, 580, a unos 5 minutos a pie de la estación Pinheiros. 

El Festival nace de la urgencia de imaginar y construir otros futuros para internet y la comunicación. En un escenario marcado por la concentración de poder de las grandes plataformas digitales, la dependencia de infraestructuras privadas, la crisis de sostenibilidad del periodismo independiente y la circulación acelerada de desinformación, el encuentro propone un espacio de diagnóstico, intercambio y experimentación colectiva. 

La programación reunirá mesas de debate, talleres prácticos, hackathon, feria de iniciativas, grabaciones de podcasts e intervenciones artísticas. Entre los temas previstos están los datos como bien común, la soberanía digital, las tecnologías abiertas, las redes comunitarias, la regulación económica de las grandes plataformas, nuevos modelos de sostenibilidad para la comunicación independiente, inteligencia artificial y reducción de daños, comunicación indígena, medios comunitarios y justicia climática. 

Al reunir grupos, colectivos, medios, especialistas y organizaciones, el Festival Compartilhe busca crear conexiones, fortalecer redes y abrir caminos concretos hacia una comunicación más democrática, diversa, sostenible y menos dependiente de la lógica de las big techs. 

ARTÍCULO 19 Brasil y América del Sur lanza el informe “Venezuela: libertad de expresión y crisis democrática”, elaborado en alianza con investigadores sudamericanos independientes y con el Centro de Derechos Humanos de la UCAB (Universidad Católica Andrés Bello). La publicación está disponible en español e inglés.

Este informe fue producido a lo largo de 2025. Aunque la intervención militar de Estados Unidos y el posterior secuestro del entonces presidente Nicolás Maduro en enero de 2026 son eventos que alteran el escenario institucional del país, los temas estructurales analizados en el informe siguen siendo esenciales para comprender las causas y posibles consecuencias de la crisis actual.

El informe expresa algunas de las principales preocupaciones de la organización respecto a la crisis democrática que vive Venezuela desde el último proceso electoral presidencial, con especial atención a los derechos a la libertad de expresión, al acceso a la información, a la participación política y social, así como a otros derechos esenciales para el pleno ejercicio de la democracia.

En el primer capítulo, el informe aborda el sistema electoral venezolano y las tecnologías de votación utilizadas en el país, analizando los argumentos movilizados para sustentar o cuestionar el resultado anunciado por el Consejo Electoral que declaraba a Nicolás Maduro como ganador. También analizamos cómo el uso de la tecnología facilitó procesos de vigilancia, ocultamiento y control de la información durante y después del periodo electoral. En el segundo capítulo, tratamos la persecución a periodistas, comunicadores y medios de comunicación —fenómeno que ocurre desde hace casi dos décadas— y que se presenta como una capa adicional de obstrucción a la libre circulación de información en Venezuela en el contexto electoral, pero también más allá de él.

En el tercer capítulo, analizamos las persecuciones y restricciones de derechos dirigidas a manifestantes y defensores de derechos humanos venezolanos, aparentemente con el objetivo de silenciar narrativas disidentes que señalaban la improcedencia del proceso electoral y de las medidas tomadas por Maduro en años anteriores. Finalmente, en el último capítulo, presentamos una lectura regional y política de la crisis venezolana, a la luz de la situación de derechos humanos y humanitaria y del marco de normas internacionales.

En resumen, el informe cuestiona la legitimidad de la reelección de Maduro debido a la ausencia de documentos que acrediten el resultado y la transparencia del proceso electoral. Esta preocupación se intensifica al observar la falta de garantías para los derechos esenciales que permiten un proceso electoral justo y libre, así como las persecuciones promovidas contra voces disidentes del régimen, que han dejado al menos 2.000 personas en detenciones arbitrarias.

Asimismo, concluimos que el caso venezolano no está aislado de una tendencia regional y global de avance de extremismos políticos, marcados por prácticas autoritarias, uso excesivo de la fuerza, control y restricción del ecosistema informacional y el silenciamiento de voces disidentes.

Así, en la práctica, se alinea con otras tendencias autoritarias que avanzan en distintas partes del mundo, como Nayib Bukele (El Salvador), Javier Milei (Argentina), Donald Trump (Estados Unidos) y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Finalizado en septiembre de 2025, el informe no contempla los acontecimientos recientes ocurridos en Venezuela en un contexto de cerco militar en el Caribe, que el gobierno estadounidense venía construyendo progresivamente en los últimos meses. Desde entonces, Estados Unidos ha realizado al menos 32 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, que resultaron en la ejecución extrajudicial de al menos 115 personas.

Paralelamente, la administración de Donald Trump anunció que administraría el país hasta que ocurriera una transición democrática y que la gestión de la industria petrolera venezolana pasaría a ser administrada por una gran empresa estadounidense —el gobierno de Estados Unidos también tiene interés en minerales críticos y tierras raras.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada y persiste el clima de incertidumbre en relación con los avances políticos y democráticos en el país. A pesar de la liberación de presos políticos, se registraron nuevas detenciones arbitrarias, incluyendo trabajadores de la prensa.

El informe “Venezuela: libertad de expresión y crisis democrática” no pierde su finalidad ante estos preocupantes acontecimientos. Por el contrario, los problemas allí señalados pueden intensificarse debido a la actuación beligerante e ilegal de Estados Unidos y a los nuevos rumbos políticos que el país tomará a partir de esta ruptura.

En este nuevo contexto, aprovechamos la publicación para reforzar nuestro apoyo a las manifestaciones de la sociedad civil venezolana por el fin de las prisiones de periodistas, manifestantes y defensores de derechos humanos, y por la construcción de una transición democrática y pacífica que respete la voluntad soberana del pueblo venezolano, así como los llamados a que los responsables por graves violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia.

Al mismo tiempo, defendemos que no es a partir de una política intervencionista, neocolonial, extractivista y que minimiza la soberanía de los pueblos latinoamericanos y el derecho internacional que se resolverá la crisis democrática de Venezuela. Por el contrario, estas acciones, que remontan a un pasado sombrío de autoritarismo, represión y explotación de América Latina, solo intensifican las crisis democráticas recientes, profundizando el escenario de violación de derechos humanos.

Invitamos a la lectura de la publicación, solidarizándonos con el pueblo venezolano por las diversas amenazas y violaciones sufridas en los últimos años, así como los actos de violencia intervencionista de los últimos meses. Este informe, en este contexto, también se convierte en una invitación a reflexionar sobre los rumbos políticos de nuestra región y sobre el papel que desempeñan los derechos humanos y su protección en la búsqueda de sistemas de organización política que respondan a los principales anhelos de la población, superando traumas históricos y desigualdades estructurales.