ARTÍCULO 19 Brasil y América del Sur lanza el informe “Venezuela: libertad de expresión y crisis democrática”, elaborado en colaboración con investigadores independientes sudamericanos y con el Centro de Derechos Humanos de la UCAB (Universidad Católica Andrés Bello). La publicación está disponible en español e inglés.
Este informe fue producido a lo largo de 2025. Aunque la intervención militar de Estados Unidos y el posterior secuestro del entonces presidente Nicolás Maduro en enero de 2026 son eventos que alteran el marco institucional del país, las cuestiones estructurales analizadas en el informe siguen siendo esenciales para comprender las causas y posibles consecuencias de la crisis actual.
El informe expresa algunas de las principales preocupaciones de la organización respecto a la crisis democrática que vive Venezuela desde el último proceso electoral presidencial, con especial atención a los derechos a la libertad de expresión, al acceso a la información, a la participación política y social, así como a otros derechos también esenciales para el ejercicio pleno de la democracia.
En el primer capítulo, el informe aborda el sistema electoral venezolano y las tecnologías de votación utilizadas en el país, analizando los argumentos movilizados para sostener o impugnar el resultado que reeligió a Nicolás Maduro como presidente. También se analiza cómo el uso de la tecnología facilitó procesos de vigilancia, ocultamiento y control de la información durante y después del período electoral.
En el segundo capítulo, se trata la persecución a periodistas, comunicadores y medios de comunicación en el país, que se presenta como una capa adicional de obstrucción a la libre circulación de información en Venezuela.
En el tercer capítulo, se analizan las persecuciones y restricciones de derechos dirigidas a manifestantes y defensores de derechos humanos venezolanos, con el aparente objetivo de silenciar narrativas disidentes que señalaban la impropiedad del proceso electoral y de las medidas tomadas por Maduro en los años anteriores. En el último capítulo, se presenta una lectura regional de la situación política de Venezuela, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y derecho humanitario.
En resumen, el informe cuestiona la legitimidad de la reelección de Maduro por la ausencia de documentos que prueben el resultado y la transparencia del proceso electoral, lo que se intensifica al observar las persecuciones promovidas contra voces disidentes al régimen. Además, se concluye que el caso venezolano no está aislado de una tendencia regional y global de avance de los extremismos políticos, marcados por prácticas autoritarias, uso excesivo de la fuerza, control y restricción del ecosistema informacional y silenciamiento de voces disidentes.
Así, se alinea en la práctica con otras tendencias autoritarias que avanzan paralelamente alrededor del mundo, como Nayib Bukele (El Salvador), Javier Milei (Argentina), Donald Trump (Estados Unidos) y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Finalizado en septiembre de 2025, el informe no contempla los recientes hechos ocurridos en Venezuela en un contexto de cerco militar en el Caribe, que el gobierno estadounidense venía construyendo progresivamente en los últimos meses. Desde entonces, Estados Unidos realizó 32 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, que resultaron en la ejecución extrajudicial de al menos 115 personas.
Paralelamente, la administración de Donald Trump anunció que administraría el país hasta que ocurriera una transición democrática y que la gestión de la industria petrolera venezolana pasaría a ser administrada por una empresa estadounidense de gran porte – el gobierno estadounidense también tiene interés en minerales críticos y tierras raras.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue investida y, por ahora, el clima es de duda respecto a los avances políticos y democráticos en el país. A pesar de la liberación de presos políticos, se registraron nuevas detenciones arbitrarias, incluyendo trabajadores de la prensa.
El informe “Venezuela: libertad de expresión y crisis democrática” no pierde su finalidad a partir de estos preocupantes acontecimientos. Por el contrario, los problemas allí relatados pueden intensificarse por la actuación beligerante e ilegal de Estados Unidos y por los nuevos rumbos políticos que tomará el país a partir de esta ruptura.
En este nuevo contexto, aprovechamos la publicación para reforzar nuestro apoyo a las manifestaciones de la sociedad civil venezolana por el fin de las prisiones de periodistas, manifestantes y defensores de derechos humanos y por la construcción de una transición democrática, pacífica, que respete la voluntad soberana del pueblo venezolano y por los llamados a que los responsables de graves violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia.
Al mismo tiempo, defendemos que no es a partir de una política intervencionista, neocolonial, extractivista y que minimiza la soberanía de los pueblos latinoamericanos y el derecho internacional, que se resolverá la crisis democrática de Venezuela. Por el contrario, estas investidas que remontan a un pasado sombrío de autoritarismo, represión y explotación de América Latina y sus pueblos solo intensifican las crisis democráticas recientes, profundizando el escenario de violación de derechos humanos.
Invitamos a la lectura de la publicación, solidarizándonos con el pueblo venezolano por las diversas amenazas y violaciones sufridas en los últimos años, e intensificadas en el último mes. Este informe, en este contexto, también se convierte en una invitación a reflexionar sobre los rumbos políticos de nuestra región, y sobre el papel que desempeñan los derechos humanos y su protección en la búsqueda de sistemas de organización política que atiendan a los principales anhelos de la población, superando traumas históricos y desigualdades estructurales.
