Si la voluntad política es fortalecer la democracia brasileña, debemos iniciar la discusión de una agenda que lleve a una internet abierta, diversa y equitativa
*Paulo José Lara
*Raísa Ortiz Cetra
El fortalecimiento de la democracia brasileña pasa por la necesidad de hacer frente al avance del autoritarismo promovido por la extrema derecha en Brasil y en el mundo. Al mismo tiempo, necesitamos retomar y reafirmar la libertad de expresión como eje fundamental para un proyecto de país más justo e igualitario. Esto es posible por medio del desarrollo de una agenda positiva que construya un ecosistema de tecnología, información y comunicación más diverso y equitativo, sobre todo para la protección y promoción de las voces históricamente silenciadas.
El ultraconservadurismo opera usos y modulaciones de las libertades para diseminar inestabilidad política, desestabilizar instituciones y promover violencias, poniendo en riesgo la democracia y los derechos humanos. Estas operaciones también se valen de la explotación del modelo concentrado impuesto por las Big Techs en la Internet y en el universo digital. En momentos de crisis y rupturas democráticas, grandes empresas de tecnología y conglomerados mediáticos han sido herramientas y agentes de inestabilidad política, apoyando y sustentando dictaduras en América Latina. Las luchas por el restablecimiento y fortalecimiento de las democracias deben pasar por el apoyo continuo a medios de comunicación libres, diversos e independientes, y por la crítica al modelo oligopólico, tarea que aún está pendiente en Brasil.
El siglo XXI ha visto el poder de las empresas de medios digitales extenderse en el entorno online través de la conversión de la Internet en un gran negocio, explotando la economía de la atención y de los datos. La obtención de gigantescas ganacias se produce a partir de la explotación de la producción artística, periodística, cultural e informativa de millones de usuarios de la red. Las grandes plataformas de redes sociales, en mayor o menor grado, se apropian de valores y dirigen el debate público y el rumbo político de los países.
Es bajo esta perspectiva que debe considerarse el enfrentamiento entre la plataforma X y el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño. La empresa de Elon Musk ha reiteradamente, y de manera errónea en nombre de la libertad de expresión, rompiendo órdenes de la justicia brasileña, faltado al respeto a sus autoridades y ridiculizado a representantes políticos sin preocuparse por el interés público o por garantizar los derechos humanos de la población brasileña.
Por ello, es urgente regular las plataformas de redes sociales para que operen dentro del juego democrático y respeten los derechos humanos, como cualquier otro emprendimiento económico que explote recursos en territorios soberanos donde operan. La decisión del STF de exigir el cumplimiento de sus decisiones y sancionar a X por no hacerlo podría representar un paso importante para enfrentar un brazo del poder político y económico que puede causar daños sociales, jurídicos, materiales y psicológicos través de su modelo de negocios ye influencia.
Sin embargo, aunque la decisión de Alexandre de Moraes – ministro del STF responsable por la sentencia -, tenga respaldo legal y responda a un contexto político, debe cuestionarse el impacto, la proporcionalidad, la necesidad y el alcance de la decisión de suspender el servicio de X en Brasil y aplicar multas significativas para los usuarios que accedan a él mediante Redes Privadas Virtuales (VPN). El derecho internacional de los derechos humanos limita claramente las posibilidades de restricción de la libertad de expresión: su garantía debe ser la regla y sus limitaciones deben ser la excepción. Así, cualquier restricción debe estar prevista por la ley, perseguir un fin legítimo y ser proporcional y necesaria para garantizar el funcionamiento democrático. Además, las amenazas deben ser concretas y nunca basarse en circunstancias hipotéticas. Por lo tanto, la propia base legal de la decisión debe interpretarse y aplicarse conforme a estos parámetros para construir una jurisprudencia sólida en derechos humanos.
En ese sentido, debemos preguntarnos sobre el objeto y el objetivo de protección de la decisión de Alexandre de Moraes. Más allá de la suspensión temporal del servicio por la falta de representación legal de X en Brasil y el incumplimiento de las órdenes judiciales, es esencial entender la necesidad y qué remedia la decisión. Sin embargo, esta tarea se complica en términos de control social, ya que las investigaciones relacionadas con el caso son confidenciales, con obstáculos significativos a la transparencia. No solo es difícil analizar la materialidad de las amenazas, sino también si la construcción jurídica respeta los parámetros mínimos de protección de la libertad de expresión.
Aun así, es posible plantear preguntas para analizar la decisión. ¿Es urgente suspender la comunicación de los investigados específicamente en la plataforma en cuestión? ¿Tendrá efectos para remediar las amenazas que representan? ¿Lla amenaza se justifica, en términos proporcionales, en relación a retirar la capacidad de comunicación de todos los usuarios de la plataforma?
Respecto a los posibles riesgos de ruptura democrática, es importante reconocer que cualquier articulación política en ese sentido no estaría limitada a la comunicación en una plataforma digital. Por lo tanto, habría otros medios para interrumpir este proceso, salvo que se probara su inminencia. Por otro lado, la responsabilización de los actores involucrados en los riesgos pasados y presentes es, sin duda, necesaria siempre y cuando las medidas tomadas respeten los estándares internacionales. Al fin y al cabo, la cuestión es la medida efectiva que implique menos daños para cumplir con el objetivo legítimo de la acción y para garantizar los derechos y la democracia para la población brasileña.
Frente a estas interrogantes, la medida de interrupción general del servicio de la plataforma X se muestra extrema y no parece responder de manera proporcional al objetivo pretendido. Aquellos que ya operaban ilegalidades y tentativas golpistas a través de la plataforma tienen medios tecnológicos, financieros y políticos para seguir actuando en otros espacios. El daño recae sobre miles de usuarios que tenían en la plataforma un medio de expresarse y obtener información.
La decisión del poder judicial brasileño puede, incluso, agravar el ya problemático panorama del mercado de plataformas de redes sociales. La actual dependencia y falta de diversidad de esta forma de comunicación digital es un problema que requiere una multiplicidad de acciones. Desde el conocimiento sobre el ecosistema de tecnologías hasta la adopción de estándares y soluciones tecnológicas, así como el desarrollo de medios alternativos de comunicación. Sin dialogar con estrategias políticas, institucionales y parámetros jurisprudenciales basados en el derecho internacional de los derechos humanos, el poder judicial tendrá dificultades para debatir y deliberar sobre el tema, y todo se convierte en un falso duelo de titanes sin perspectiva de resolución.
La mejor salida para superar esta falsa dicotomía que genera el bloqueo del debate político es avanzar hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del poder judicial; desarrollar parámetros jurisprudenciales sólidos en Brasil para la protección de la libertad de expresión; promover diálogos multisectoriales para la adopción de legislaciones que regulen la actuación y el modelo de negocio de las plataformas en el país y adoptar políticas públicas que busquen la democratización de la comunicación.
Se debe retomar una agenda para el desarrollo de una Internet realmente descentralizada, interoperable, multicultural y diversa. Sin la conciencia sobre lo que la Internet puede ser, quedamos rehienes de lo que se ha convertido: un universo controlado por pocos actores económicos donde las expresiones se formatean de acuerdo con lógicas algorítmicas de interés privado, y la política y la democracia son presionadas por actores desinteresados en el desarrollo de una sociedad justa y democrática.
*Paulo Lara y Raísa Cetra son co-directores ejecutivos de la Asociación ARTICULO 19 Brasil y Sudamérica
